Ilegitimidad

Hay personas que piensan que la ilegitimidad del gobierno de Ortega empezó ayer, cuando por enésima vez, el dictador se robó unas elecciones a la vista de todos. Piensan que lo que convierte al gobierno de Ortega en ilegítimo son las declaraciones hechas por la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, de España y otros países, de que estas elecciones no fueron justas, transparentes y competitivas y han sido una farsa nada más. Piensan esas personas de las que hablo, que la ilegitimidad del gobierno de Ortega viene dada porque así lo declare la comunidad internacional.

Nada más lejos de la realidad. Aunque las declaraciones de los gobiernos amigos son importantes, la declaración de ilegitimidad que realmente cuenta es la que hacemos nosotros, los nicaragüenses.

La ilegitimidad del gobierno de Ortega, recuerde usted, empezó en algún momento del año 2008, cuando Ortega empezó a apoderarse de las instituciones de todos los poderes del estado con el fin de lograr su control absoluto y eternizarse en el poder. Fue entonces que su gobierno, que había sido legítimamente electo, empezó a deslizarse hacia la dictadura y Ortega fue pasando de presidente a dictador. La ilegitimidad de Ortega, solo para señalar algunos momentos, se siguió afirmando en cada una de las elecciones realizadas desde entonces, que Ortega controló completamente y cuyos resultados fueron los que él dictó y a él le convenían. Su primera y segunda reelección en esta su nueva época establecieron gobiernos ilegítimos.

Para no ir demasiado lejos, la ilegitimidad de Ortega quedó claramente expuesta en el 2018 cuando respondió con violencia inaudita a los justos y pacíficos reclamos de nuestro pueblo frente a las injustas políticas de la dictadura. El dictador respondió matando, desapareciendo y encarcelando a centenares, y exiliando a miles de nuestros compatriotas. El diálogo que la iglesia católica y los aliados de Ortega empezaron en aquel momento, al aceptarlo como interlocutor, pretendía dar un cariz de legitimidad al régimen de Ortega, pero no pudieron legitimarlo pues no puede un grupito de gente darle legitimidad a un gobierno que todo el pueblo repudia y rechaza y que ha declarado ilegítimo con sus protestas.

La legitimidad de un gobierno la da y la quita el pueblo y ayer el pueblo mostró ante el mundo, otra vez y muy claramente, la ilegitimidad del régimen, rechazando de plano la farsa electoral que este montó, quedándose la gran mayoría en sus casas, haciendo por fin el paro enorme que la ciudadanía deseaba hacer en el 2018 y que los empresarios cómplices de Ortega sabotearon y frenaron pues temían, con razón, que un paro sería como un violento río que arrastraría a la dictadura hasta el mar y a ellos mismos con ella.

Ayer, siete de noviembre, el pueblo otra vez, y en un grito silencioso, le dijo a la dictadura que no quiere su gobierno, que tiene que irse. Ayer también, muchos más cayeron en la cuenta que habrá que sacar a Ortega por la fuerza pues no se le puede sacar con elecciones.

Sí, la legitimidad de un gobierno la da y la quita el pueblo, no la da una candidata a presidente diciendo que el dictador genocida Daniel Ortega tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a ser candidato a la presidencia.

La legitimidad del régimen de Ortega no la puede dar tampoco el hecho de que un grupito de personas, varias de las cuales están ahora presas, que diciendo ser oposición y guiados por sus propios intereses y pensando que podían arrancar a la dictadura algunos cargos, hayan decidido ir a un proceso electoral que de entrada sabíamos que terminaría en lo que ayer terminó.

Tampoco convierte a un gobierno en legítimo la realización de un pacto con el gran capital en que el gobierno y los multimillonarios se reparten la gente y el territorio para explotarlos a su gusto y hacerse más ricos a su costa. Que la dictadura tenga dos cabezas no la hace legítima.

La legitimidad no la da la Unión Europea, o los Estados Unidos, haciendo declaraciones sobre la falsedad de las elecciones. Tampoco la da la OEA y el corrupto Almagro. La legitimidad la da y la quita el pueblo, aceptando o no aceptando, reconociendo o desconociendo a un gobierno. Ayer fue claro que la gran mayoría del pueblo nicaragüense no reconoce al régimen como su legítimo gobierno.

Los únicos que quitan y ponen la legitimidad en este país son los nicaragüenses de adentro y de afuera, los hombres y mujeres cuya patria es Nicaragua, la tierra de sus ancestros. Por eso es importante que si queremos salir de la dictadura la tratemos como lo que es, como un gobierno ilegítimo y como tal dejemos de obedecerle, dejemos de seguir sus leyes y sus reglas, dejemos de reconocer su policía, su ejército y sus instituciones.

El único reconocimiento de ilegitimidad que realmente cuenta es el de los nicaragüenses, el que hemos hecho ayer. Ahora lo que queda es actuar según esa ilegitimidad que otra vez hemos declarado, desconocer nosotros ese gobierno que por la fuerza se nos impone e impedir que nos gobierne. Es así como podremos salir de la dictadura. Ni siquiera tenemos que hacer la guerra, porque la dicotomía que los electoreros nos juraban que existía y que era “o elecciones o guerra” es completamente falsa, era una mentira y ellos lo sabían. No tenemos que hacerle la guerra, sino mostrarle que es imposible gobernarnos. No es necesario hacer la guerra cuando un pueblo se decide a no reconocer un gobierno. Si los nicaragüenses logran hacer de Nicaragua un país que los Ortega no consigan gobernar, si le quitan el lomo a la dictadura, ella caerá, más temprano que tarde. No es posible saber cómo ocurrirá, no sabemos si se derrumbará desde adentro, pero seguramente caerá, lo crea usted o no.